martes, 29 de julio de 2014

Dos menores regresan con su padre a Costa Rica luego de ser retenidos ilícitamente por su madre en Barcelona

En un nuevo caso de aplicación del Convenio de La Haya Sobre los Aspectos Civiles de la Sustracción Internacional de Menores de 1980 y luego de un fuerte litigio sobre la veracidad de la residencia habitual de los niños, el Juzgado de Familia de Primera Instancia 45 de Barcelona, España, ordenó su restitución desde dicha ciudad hacia Costa Rica.

Los menores M. y P. (4 y 2 años) nacieron ambos en Barcelona, España y allí vivieron con sus progenitores hasta que los mismos se trasladaron para residir en el barrio Rohrmoser en San José, Costa Rica. Dicho traslado se realizó en marzo del 2012. Para el 25 de diciembre del 2013, la pareja decidió realizar un viaje vacacional a Barcelona para visitar a la familia materna. El padre debía retornar a Costa Rica de primero el día 12 de enero del 2014. Los menores y su madre tenían boleto de regreso a Costa Rica para el 24 de enero del 2014. Sin embargo, luego de varias comunicaciones a fines de febrero la madre comunicó al padre que no volvería más a Costa Rica y que los menores se quedarían con ella en España. Incluso, la madre estableció en España un proceso de divorcio en conjunto con régimen de custodia para los menores donde el padre únicamente tendría derecho de visitas.

Debido a la retención existente, el padre interpuso directamente ante los tribunales de Barcelona así como de forma paralela frente al Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica como Autoridad Central, la solicitud correspondiente para que se ordenara el retorno de sus hijos a Costa Rica. Luego de notificada, la madre alegó que el padre únicamente estabe resintiendo que la relación sentimental entre ellos se había acabado y que en realidad él siempre aceptó el traslado definitivo de la familia a Barcelona. Incluso indicó la madre que fue el padre quien abandonó el núcleo familiar al regresar a Costa Rica.

El juez de Barcelona concluyó que no existían pruebas fehacientes que pudiesen demostrar el alegato de la madre y en su lugar consideró la veracidad de lo manifestado por el padre de los menores y ordenó en fecha 17 de julio del 2014 el retorno de los niños a Costa Rica y la entrega al padre de los mismos. La madre no cumplió voluntariamente con la orden del juez por lo que el mismo, previa solicitud de ejecución de la representación del padre, ordenó la entrega de los menores al padre en el SERVEI D'ASSESSORAMENT. TÈCNIC EN L'ÀMBIT DE FAMÍLIA (SATAF) lo cual efectivamente se cumplió. El padre viajó a Barcelona y logró retornar a Costa Rica el 29 de julio de 2014.

Asimismo, el juzgado de Barcelona ordenó el archivo de la demanda de divorcio interpuesta por la madre al declararse la falta de competencia internacional ya que había sido demostrado en el proceso de aplicación del Convenio de La Haya, que la residencia habitual y el domicilio de los menores se encontraba en Costa Rica y no en Barcelona como falsamente alegó la madre. 

Con ello se cerró un capítulo más -ésta vez de forma positiva- en donde uno de los padres decide unilateralmente el traslado de sus hijos a otro país distinto del de su residencia habitual. La aplicación correcta del Convenio de La Haya permitió lograr el respeto al principio de interés superior de los menores en cuanto al retorno al país del cual fueron sustraídos ilícitamente.

miércoles, 14 de diciembre de 2011

El caso Crucitas frente al arbitraje internacional de inversiones

Ajeno a los argumentos políticos, económicos y sociales relacionados con el complejo caso de la mina Crucitas, procedemos a ofrecer, nuestra posición estrictamente jurídica sobre la posibilidad del acceso a un arbitraje internacional que pueda iniciar la empresa Industrias Infinito en contra de Costa Rica. Debido a la inexistencia de una cláusula arbitral contractual, el acceso al proceso arbitral se realiza por la protección directa ofrecida por el BIT o Tratado Bilateral de Inversiones entre Costa Rica y Canadá, artículo XII, el cual requiere que se presenten varios pasos para poder tener acceso al arbitraje. El inversionista, Industrias Infinito, debe dar aviso por escrito a Costa Rica, alegando que una medida tomada por ella, (la decisión del Tribunal Contencioso) viola el Acuerdo de Inversiones y que debido a ello el proyecto Crucitas ha sufrido pérdidas y daños causados por la decisión del tribunal. Esto debe realizarse 6 meses con antelación a la solicitud inicial de arbitraje ante el CIADI. Industrias Infinito debe acordar por escrito su intención de acudir al arbitraje en el mismo momento del punto anterior. La empresa debía renunciar a cualquier procedimiento legal relacionado con la violación alegada (Art. XII.3.c). Tomando en cuenta la particular naturaleza de éste caso, la medida  supuestamente violatoria es en realidad una sentencia de un tribunal costarricense, lo que implica que la medida a atacar era la sentencia del Tribunal Contencioso Administrativo. De ésta forma, debemos considerar que el Recurso de Casación es, dentro del sistema legal de Costa Rica, el único método para impugnar ésta sentencia. Dado que Industrias Infinito optó por presentar dicho recurso y esperó hasta el resultado de la sentencia de casación emitida por la Sala Primera, ha perdido el acceso a la vía arbitral internacional pues optó por resolver su situación ante la Sala indicada, o sea dentro de los procedimientos nacionales: esto implica una clara renuncia a la jurisdicción internacional pues se debía optar por una o por la otra, al menos como regla general. Más aún, debe verse que el artículo XII.3.d del BIT expresamente indica que "en los casos en que Costa Rica es parte de la diferencia, ningún tribunal costarricense haya emitido un fallo relativo a la medida que se alega contraviene este Acuerdo". Esta norma es bastante extraña en los acuerdos de protección de inversiones pero en definitiva para el caso en cuestión permite concluir que no es viable para la empresa canadiense acudir a un arbitraje internacional de inversiones en razón de que nos encontramos claramente ante un caso en el que la sentencia de la Sala Primera es precisamente esa decisión judicial referida a la medida alegada (la sentencia del Tribunal Contencioso). Ahora bien, como parte de las posiciones que pudiese alegar la empresa canadiense es que de admitirse el arbitraje el Tribunal Arbitral debe centrarse en un análisis, conforme al derecho costarricense pero en conjunto con los principios protectores del inversionista (ej. "denegación de justicia", "protección total y seguridad") y determinar si existió una violación de 2 situaciones fundamentales. La primera, el sometimiento a Industrias Infinito a dos procesos con solicitudes para ellos idénticas, uno ante la Sala Constitucional y el otro ante el Tribunal Contencioso Administrativo. Ésto porque la petitoria principal fue la cancelación de la concesión, lo cual fue rechazado por la Sala Constitucional y otorgado por el Tribunal Contencioso. Igualmente puede observarse que incluso en el Voto de la Sala Constitucional al menos un magistrado efectivamente canceló la concesión,  por lo que pueden intentar alegar que ya se había resuelto el asunto por ésta sede jurisdiccional. De ésta forma sería comprensible que la empresa entendiera que se violó el principio de Cosa Juzgada flagrantemente si bien otra posición es enteramente posible al presentarse diferencias también importantes entre el análisis de mera legalidad realizado por el TCA frente al Constitucional realizado por la Sala. La segunda , es la  supuesta violación del Tribunal Contencioso la fuerza Erga Omnes de la decisión de la Sala Constitucional. Es normal que la empresa  alegue que no podía el Tribunal volver a revisar la concesión, contra las facultades que a efectos del ordenamiento jurídico costarricense tiene la Sala Constitucional. En esa lógica si la Sala Constitucional había ya indicado que no existían vicios constitucionales así como (consecuentemente) legales asociados a la concesión, el Tribunal Contencioso debió abstenerse de tramitar el proceso. Ésto sin embargo, difiere de la visión del propio TCA el cual estimó que el análisis en nada vulneraba la decisión estrictamente constitucional de la Sala IV.  En general, el Tribunal Arbitral debe revisar el derecho costarricense a la luz de los principios de protección de las inversiones. Esto implica que no sería un análisis de derecho interno puro, sino que se determinaría una solución conforme al derecho internacional de inversiones el cual será una balanza contra las reglas costarricenses que pudieran ser abusivas. De acuerdo con el BIT, debía acudirse al CIADI con prioridad antes que a cualquier otro ente. El tratado permite incluso acudir a otro arbitraje si por alguna razón CIADI rechaza el mismo. En esa situación, podría eventualmente acudirse también a la Corte Permanente de Arbitraje de La Haya en aplicación de las reglas de UNCITRAL. Sin embargo, el arbitraje nos parece una situación inviable a éste punto por la decisión de la empresa canadiense de continuar con el Recurso de Casación pues con ello no podrá alegar su derecho a acceder a la vía internacional dado que ya optó por la vía interna para el reclamo del supuesto daño alegado.

sábado, 10 de diciembre de 2011

¿Costa Rica como "hub" latinoamericano para arbitrajes internacionales?

Para las autoridades costarricenses la nueva ley de arbitraje comercial internacional, incorporada al ordenamiento jurídico de Costa Rica el pasado 25 de mayo de 2011 revierte un carácter de interés nacional , dado que han estimado que a través de la misma y en particular por la fuerte relación con la Ley Modelo de la CNUDMI, se promoverá el turismo legal, entendiéndose con ello la visita de extranjeros al país para realizar allí sus procesos arbitrales, con la consecuente generación de "opciones de empleo para secretarias, traductores, choferes, peritos, abogados, sector hotelero y en general para aquellas personas y empresas que se dedican a labores de apoyo logístico” que el gobierno prevé puede llegar a generarse. Las ventajas competitivas de un país pueden efectivamente ser un componente importante para generar una tendencia en los inversionistas para optar por una sede arbitral determinada. En el caso de la ciudad de Madrid, el Club Español del Arbitraje, al analizar las ventajas competitivas de esa ciudad española frente a otras importantes sedes, determinó al menos veintidós aspectos relevantes utilizados comúnmente por los empresarios a la hora de elegir la sede para la resolución de un conflicto por medio de arbitraje internacional. Situaciones como la implementación de una ley basada en la Ley Modelo CNUDMI, la incorporación al ordenamiento jurídico del Convenio de Nueva York de 1958 sin reservas, el costo de los árbitros y abogados locales, la revisión del laudo por una corte especializada, entre otros, son estimados como fundamentales dentro de la perspectiva anteriormente indicada de promoción de una ciudad o país como sede arbitral. Costa Rica cumple por ello con múltiples de éstas características que la hacen una jurisdicción potencialmente atractiva según los estándares antes mencionados. La intención del gobierno costarricense mediante la implementación de la ley de arbitraje y la consolidación del derecho constitucional para resolver de dicha forma las controversias jurídicas, fue la de seguir casi en su totalidad los parámetros establecidos por la Ley Modelo de la CNUDMI sobre Arbitraje Comercial Internacional con las enmiendas aprobadas en 2006 . Con ello, se procura resolver el problema creado por la aún vigente Ley Sobre Resolución Alterna de Conflictos y Promoción de la Paz Social, la cual da un tratamiento jurídico idéntico a los casos de tráfico jurídico interno y externo haciendo prevalecer las disposiciones desde un prisma localista. Dado lo anterior, ante la vigencia de la nueva regulación, la ley RAC únicamente pasa a regir los casos de arbitraje internos creándose por ende un sistema dualista en el país. Existen sin embargo algunas diferencias que deben ser mencionadas. La Ley Modelo de la CNUDMI contiene 36 artículos en numeración corrida (47 en numeración real) y la LACI posee 2 adicionales. Esto se debe a la inclusión de un artículo (37) que determina ciertos límites a la arbitrabilidad de las controversias y otro (38) referente a los aspectos de confidencialidad que deben prevalecer tanto para el proceso arbitral como al laudo. Igualmente la LACI incluye un inciso adicional al artículo 2 (g) en el que se adopta la recomendación de la nota "al pie" número 2 que se encuentra en la Ley Modelo de la CNUDMI en relación con la interpretación amplia de la expresión "comercial” . Asimismo, modifica levemente el artículo 17.2, al referirse a las medidas cautelares que deben otorgarse de forma “razonada” y no emite posición en cuanto a la forma de laudo de las mismas lo que genera una pequeña diferencia con la Ley Modelo. Finalmente, se introduce una innecesaria exclusión en el artículo 1.5 in fine, al referir que la ley no aplicará para las disputas entre inversionistas y Estados, lo que reflejó la aceptación de una solicitud realizada en el seno legislativo que temía que Costa Rica pudiera ser demandada en su condición de soberano acorde con el articulado de la LACI. En cuanto al artículo 37, la norma a nuestro entender genera un importante impacto al campo de la arbitrabilidad de los procesos internacionales e incluso contradicciones en relación con el texto de la Ley Modelo. La norma "adicional" indica que "pueden someterse a arbitraje las controversias sobre materias de libre disposición y transacción, conforme a las disposiciones civiles y comerciales aplicables". Esto implica, al menos dentro de una interpretación lógica del artículo, que la arbitrabilidad de un proceso se somete a la lex causae y con ello las limitaciones establecidas en los artículos 5, 34.2 (a.i), 34.2 (b.i), 36.1 (a.i) y 36.1(b.i) en materia de arbitrabilidad objetiva, nulidad del laudo y reconocimiento y ejecución del mismo que remiten a ley costarricense y a la lex loci arbitri, deben ser cuestionadas debido a la divergencia normativa que como se ha visto se presenta en la propia LACI. Tomemos en cuenta que el numeral 28 de la LACI, remite a la ley elegida por las partes y en ausencia de lo anterior, la solución del derecho aplicable se genera con base en la construcción arbitral que refiera a las normas de conflicto más próximas a la relación jurídica. De ésta forma, de presentarse la particularidad que la lex causae indicara la posibilidad de arbitrar un determinado conflicto y la ley costarricense no lo hiciera , se genera la necesidad de ponderar las estipulaciones de la LACI sobre la arbitrabilidad y determinar cuál aplicar. En nuestra opinión, la norma más favorable al arbitraje debe prevalecer, por lo que lo establecido en el artículo 37 de la LACI elimina la remisión a la ley costarricense, en el análisis de la nulidad del laudo así como la remisión a la ley del lugar de dictado del laudo en los casos de reconocimiento y ejecución de los mismos. Acorde con ésta tesis, las únicas limitantes para poder someter un proceso a arbitraje serían las determinadas por la lex causae evitándose la aplicación de la ley de Costa Rica (a menos que coincida con la lex causae) y la lex loci arbitri y si bien no estimamos que fuera algo intencional, lo cierto es que el legislador costarricense logra con ello eliminar el peso del lugar del arbitraje, incluso más allá de lo buscado por la propia Ley Modelo de la CNUDMI. Está claro que éste será uno de los principales puntos a debatir a futuro y la solución jurídica dependerá en mucho de la posición que asuman la Sala Primera de la Corte Suprema de Costa Rica y los propios tribunales arbitrales. En relación con los aspectos de confidencialidad, el artículo 38 de la LACI indica que el proceso arbitral se cubre bajo dicho principio incluso cuando el expediente se encuentre en los tribunales de justicia del país por cualquiera de las razones establecidas en el texto legal. Se indica sin embargo, que el laudo en sí se estimará como público una vez que se encuentre firme. Posterior a ello, la norma crea la particular obligación de que el laudo no puede hacer referencia a las partes sino únicamente a las iniciales de las mismas . Esto genera una importante complicación que quizás no fue prevista del todo por los legisladores ni autoridades políticas de Costa Rica, pues una posterior fase de ejecución del laudo arbitral fuera del país podría llegar a tener serias consecuencias de no constar los datos exactos de las partes en conflicto. Evidentemente la confidencialidad debiera ser en todo caso un derecho de las propias partes frente a terceros no interesados frente al proceso arbitral más nunca una norma limitante para la posibilidad de hacer efectivo el laudo frente a los tribunales judiciales del país correspondiente. Ante ello es fundamental que las partes dentro de los propios escritos en el proceso arbitral o bien de previo en la cláusula arbitral establezcan la renuncia correspondiente a la disposición de ésta norma con el fin de evitar los limitantes de la misma. Puede verse que cuando el legislador y las autoridades de un país alteran aún levemente una ley modelo, en ocasiones no prevén los efectos que pueden tener dichas modificaciones frente al espíritu rector de ésta última, la cual ha sido diseñada con vista en una interpretación y estrategia integral de los cuerpos redactores. De ahí que los dos artículos adicionales de la LACI enfrentarán la necesaria interpretación en relación con el resto del articulado de la misma, para determinar así el alcance que debe darse a ellos sin perjudicar el acceso a un proceso arbitral internacional ágil y adecuado según lo esperado al seguirse una ley modelo como la de la CNUDMI.

Exitosas Jornadas ASADIP permiten el retorno del Derecho Internacional Privado a la discusión y análisis en los países centroamericanos

Las V Jornadas anuales de la ASADIP se desarrollaron con gran éxito en San José, Costa Rica los días 24,25 y 26 de noviembre pasado. Las Jornadas, que tuvieron como sede la ULATINA-San Pedro, reunieron como ya es costumbre, a numerosos asociados de la ASADIP así como participantes de diversos países. De la misma manera, atendieron las Jornadas representantes de organizaciones internacionales tales como la Corte Centroamericana de Justicia, el SICA, UNIDROIT, UNCITRAL y la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado. Ésta última realizó además dentro del marco de las Jornadas un Taller de discusión en donde se analizaron temas de la agenda de trabajo futuro de la misma. Las Jornadas 2011 permitieron analizar el tema general “El derecho internacional privado en los procesos de integración regional” mediante el sistema de bloques de ponencias así como mesas de discusión y debate. El día 24 de noviembre se inauguró las Jornadas con la participación del Ministro de Justicia y Paz de Costa Rica, Sr. Hernando París Rodríguez quien, en conjunto con la Presidenta Laura Chinchilla Miranda, previamente había declarado de interés público y nacional para el país centroamericano la actividad. Posteriormente el centro de análisis de ese día se dirigió al ámbito de la contratación internacional incluyéndose los aspectos relacionados con las relaciones de consumo así como el arbitraje internacional. Igualmente se desarrolló una mesa redonda sobre derecho internacional privado, derechos humanos e integración regional americana. El día 25 de noviembre se enfocó la discusión a los aspectos de la familia internacional así como los temas actuales de los organismos internacionales de codificación. Finalmente se realizó el Taller de la Conferencia de la Haya de DIPr en donde se discutió los siguientes aspectos: 1. Continuación del Proyecto relativo a las Sentencias 2. Acuerdos de maternidad subrogada en el ámbito internacional 3.Reconocimiento de órdenes extranjeras de protección en materia civil, por ejemplo, en el contexto de casos de violencia doméstica 4.Acceso al contenido del derecho extranjero y la necesidad de desarrollar un instrumento global en esta área - (Investigación de paternidad internacional) El sábado 26 se celebró la Asamblea de Asociados de la ASADIP en donde se designó como nuevos miembros honorarios a Rodrigo Oreamuno Blanco y a Ricardo Lorenzetti. Por votación unánime se determinó que las Jornadas del 2012 serán realizadas en Lima, Perú. Debido al nombramiento del Consejo en Montevideo el año anterior, no se realizó elección de nuevos miembros para el mismo lo que debiera suceder hasta las Jornadas de 2013. Se procedió a la votación para admisión de nuevos miembros asociados lo cual incluyó a personas de países que anteriormente no tenían representación tales como Nicaragua. Por último se realizó un interesante debate de clausura con los nuevos asociados así como los demás presentes, presidido por el Presidente Honorario de la ASADIP, Dr. Didier Opertti con el cuestionamiento ¿Derecho conflictual o derecho material para los procesos de integración? Con todo ello, la ASADIP cumple una vez más con su rol de promoción del derecho internacional privado en todo el Continente Americano incluyéndose en ello a las diferentes regiones que lo componen. Las fotografías de las Jornadas pueden verse en éste enlace https://picasaweb.google.com/100405612018492167399/JORNADAS2011ASADIP?authkey=Gv1sRgCJmgmuCh--D_Gg

martes, 6 de septiembre de 2011

Jornadas ASADIP 2011 en Costa Rica

Nos complace informar que del día 24 al 26 de Noviembre próximo se celebrarán en San José, Costa Rica las V Jornadas de la Asociación Americana de Derecho Internacional Privado (ASADIP). Más información puede ser obtenida del sitio www.asadip.org

lunes, 14 de febrero de 2011

Costa Rica se incorpora a la Conferencia de La Haya de Derecho Internacional Privado

Finalmente y para regocijo de los juristas nacionales relacionados con el derecho internacional y particularmente el campo del derecho internacional privado, nuestro país ha adoptado el Estatuto de la Conferencia de la Haya de Derecho Internacional Privado (www.hcch.net) mediante Ley #8890 del 3 de noviembre del 2010, publicada en La Gaceta número 240 del 10 de diciembre del 2010. El instrumento de depósito de adhesión fue finalmente entregado por parte del gobierno costarricense al Reino de los Países Bajos el 27 de enero del 2011, convirtiéndose Costa Rica en el miembro número 72 de la organización.

La Conferencia de La Haya analiza en su seno, una variedad de temas de impacto para la comunidad privada internacional, que van desde asuntos relacionados con adopción de menores, sustracción internacional de los mismos, hasta comercio electrónico y requisitos para legalización de documentos públicos extranjeros. Todo lo anterior se promueve mediante convenciones internacionales que permiten unificar en los diversos países las reglas relacionadas con las temáticas particulares.

Costa Rica es ya parte de 2 Convenciones negociadas bajo el apoyo de la organización, las cuales son el Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional, así como el Convenio de 29 de mayo de 1993 relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de Adopción Internacional. Igualmente, se encuentra ya muy cerca de ser aprobado el esperado Convenio de 5 de octubre de 1961 Suprimiendo la Exigencia de Legalización de los Documentos Públicos Extranjeros (conocido como Convención de la Apostilla) sobre el que comentaremos en otro momento.

Cabe felicitar a las autoridades costarricense por la importante incorporación del país a un organismo de tanta relevancia mundial.

miércoles, 29 de septiembre de 2010

The Public Policy Exception in the US - Text by Goldstein and Associates-

I. The Use of the Public Policy Exception as a Basis for American Federal Courts Refusing to Enforce an Arbitral Award.

An American Federal Court will confirm a foreign arbitral award in accordance with the 1958 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards and 9 U.S.C. §§ 201-08 (2010) with minimal intrusion into the arbitral decision.1 There are, however a limited number of exceptions enumerated in the 1958 Treaty that permit a Federal court to vacate a foreign arbitral award, and these exceptions are incorporated into the relevant U.S. Federal statute.2 One of these exceptions states that an award may be vacated if it is contrary to the public policy of the United States.3
The legal standard for determining whether a foreign arbitral award should be vacated as against state public policy under Article V(2)(b) of the treaty is a strict one:

The United States Court of Appeals interprets Article V(2)(b) narrowly, to apply to ‘situations where the contract as interpreted by the arbitrators would violate some explicit public policy that is well defined and dominant, and is to be ascertained by reference to the laws and legal precedents and not from general considerations of supposed public interests’ . . . [and] ‘enforcement would violate our most basic notions of morality and justice.’ (internal citations omitted). 4

I have been unable to find any court opinion that vacated a foreign arbitral award on these grounds, and at least one Federal district court decision has speculated that none exists.5
In Karen Maritime Ltd. v. Omar Int’l Inc., the district court judge engaged in a thoughtful and comprehensive discussion of the history of the public policy exception to the enforcement of foreign arbitral awards. He noted that the Second Circuit Court of Appeals has upheld the confirmation of foreign arbitral awards in several cases notwithstanding claims of forgery, 6 inconsistent testimony in legal proceedings, 7 the severance of diplomatic relations with Egypt, 8 and the contravention of implicit U.S. trade policies with Iran.9
Furthermore, district courts in the Second Circuit have upheld foreign arbitral awards where a petitioner attempted to invoke the public policy exception based on claimed violations of due process,10 the misapplication of Ukrainian law,11 inappropriate trade with Cuba,12 arbitrator reliance on personal information not in the record,13 a failure to apply the relevant contract by an arbitrator,14 a claimed violation of the doctrine of laches,15 the confirmation of an award over a contrary Pakistani Judgment,16 the manifest disregard of American and British law,17 and a requirement that an award be paid in gold.18
However, at least one court has refused to compel arbitration in accordance with the 1958 Convention by invoking the public policy exception embodied in Article V(2)(b) of the treaty. In Thomas v. Carnival Corporation, the plaintiff and former employee attempted to bring a suit for slip-and-fall damages in Florida state court, but the defendant-corporation removed the case to Federal court and successfully argued that arbitration, rather than judicial litigation, was required in compliance with the contractual agreement and the 1958 treaty.19
The United States Court of Appeals for the Eleventh Circuit reversed the district court’s decision and invoked the public policy exception in refusing to compel arbitration.20 The court found that Federal precedent only dictated deference to arbitration where U.S. law would be applied or there would be an opportunity for review at a later stage in the case since the Supreme Court stated in Vimar Seguros y Reaseguros v. M/V Sky Reefer that arbitration cannot act as a “prospective waiver of parties’ rights to pursue statutory remedies” without the assurance of a “subsequent review.”21
Therefore, it seems that where an international agreement containing a mandatory arbitration clause calls for a foreign forum and the application of foreign law so that U.S. Federal remedies are not available, a U.S. Federal court in the Eleventh Circuit will not compel arbitration.22
In summation, it seems unlikely that a U.S. Federal court would vacate a foreign arbitral award on the grounds that it is contrary to public policy. The only circumstance where the public policy exception has been successfully invoked is under Eleventh Circuit jurisprudence, and only where a party was attempting to compel international arbitration, rather than attempting to enforce an arbitral award.
II. Federal Court Refusal to Enforce American Arbitral Awards on the Basis of a Public Policy Exception Under the Federal Arbitration Act.

In the previous section I discussed the enforcement of foreign arbitral awards in American courts. In this section of the memorandum, I discuss situations in which American Federal courts have refused to enforce American arbitral awards on the grounds that the award is contrary to public policy.
Under the Federal Arbitration Act, 9 U.S.C. §§ 1-16 (2010), courts have a limited role when asked to review the decision of an American arbitrator and are unauthorized to reconsider the merits of an award unless the award is contrary to public policy.23 The legal standard for determining whether an award is contrary to public policy is a strict one:

A court’s refusal to enforce an arbitrator’s interpretation of such contracts is limited to situations where the contract as interpreted would violate ‘some explicit public policy’ that is ‘well defined and dominant, and is to be ascertained by reference to the laws and legal precedents and not from general considerations of supposed public interests (emphasis in original).24

In Newsday, Inc. v. Long Island Typographical Union, the Second Circuit vacated an arbitral award as contrary to public policy because the award reinstituted an employee who had been discharged for sexually harassing female co-workers.25 The court vacated the award because it was in clear contravention of an explicit Federal statute and therefore against public policy, namely Title VII of the Civil Rights Act of 1964, 42 U.S.C. § 2000e-2(a)(1).26
In DiRussa v. Dean Witter Reynolds, Inc., the Second Circuit noted that other circuits had only vacated arbitral awards “to prevent conduct that is particularly harmful to society and egregious in nature, such as when the conduct required by the award would jeopardize public health and safety.”27 While acknowledging that awarding attorney’s fees can be good policy and a strong deterrent to employment discrimination, the court confirmed the arbitral award that excluded the prevailing party’s attorney’s fees.28
Thus, while there is one precedent for vacating an American arbitral decision in Federal court, it is unlikely that a Federal court would take that course of action unless the award endangers the public welfare of the United States by contravening the explicit mandate and policy of a Federal statute.
III. Public Policy Considerations As Applied to the Enforcement in the United States of Foreign Court Judgments.

Foreign judgments and foreign judicial proceedings are governed by principles of comity in American courts and are usually recognized and enforced.29 However, there are certain circumstances in which American courts will refuse to recognize a foreign judgment. In the seminal case of Hilton v. Guyot, the United States Supreme Court articulated the standard for determining when a foreign judgment should be recognized:
[T]he merits of the case should not, in an action brought in this country upon the judgment, be tried afresh, as on a new trial or on appeal, upon the mere assertion of the party that the judgment was erroneous in law or in fact…. [I]f there has been opportunity for a full and fair trial abroad before a court of competent jurisdiction, conducting the trial upon regular proceedings, after due citation or voluntary appearance of the defendant, and under a system of jurisprudence likely to secure an impartial administration of justice between the citizens of its own country and those of other countries, and there is nothing to show either prejudice in the court, or in the system of laws under which it was sitting, or fraud in procuring the judgment, or any other special reason why the comity of this nation should not allow it full effect.30

Most American states adopted some form of the Uniform Foreign Country Money-Judgments Recognition Act of 1962 (“UFCMJR”) that states, “[a] foreign judgment will not be recognized if…the cause of action on which the judgment is based is repugnant to the public policy of the state.”31 The Restatement (Second) of Conflict of Laws echoes this sentiment, specifically adopting the language from Hilton and the UFCMJR while explicitly stating that “[e]nforcement of a foreign nation judgment can be resisted, in among other ways, on the ground…that the underlying cause of action was contrary to the public policy of the state of the forum.”32
Before a party can enforce a judgment from a foreign country in the United States, the judgment must be recognized by the jurisdiction in which the party seeks to enforce it.33 It is at this stage, where a party seeks to have its foreign court judgment recognized, that the judgment might be invalidated on public policy grounds. However, once a judgment is recognized, a court will not refuse to enforce the judgment solely on grounds of public policy.34
However, the public policy exception is a narrow one.35 Therefore, where the claim for relief on which the judgment is based upon is repugnant to the public policy of a jurisdiction the foreign judgment need not be recognized.36
In interpreting the New York state version of the UFCMJR in Sarl Louis Feraud International v. Viewfinder, the Second Circuit discussed the public policy exception to the general recognition of foreign judgments.37 In the Sarl Louis case, Plaintiffs had previously brought an action in French courts claiming that they had been injured by the unauthorized use of intellectual property. They obtained a default judgment.38 They later sought to have the judgment recognized in New York.39
The New York State statute regarding the recognition of foreign judgments stated, “[a] foreign country judgment need not be recognized if…the cause of action on which the judgment is based is repugnant to the public policy of this state.”40 After analyzing the underlying cause of action, the Second Circuit concluded that the French intellectual property code on which the judgment was based was analogous to U.S. Federal copyright laws.41 Prior to addressing the public policy issue, the Second Circuit, citing to Hilton, explained that a foreign default judgment could not be collaterally attacked as erroneous in fact or in law.42
At the outset the court noted that the public policy exception to the New York state statute should be invoked rarely, only where the judgment is “vicious, wicked, or immoral and shocking to the prevailing moral sense,”43 and “mere divergence from American procedure does not render a foreign judgment unenforceable.”44 The court stated that only in the clearest cases should a court refuse to recognize a foreign judgment based on public policy.45
The defendants had argued that the French intellectual property codes in question were in conflict with the First Amendment.46 However, the court found that copyright protections generally create tensions with the First Amendment given that individuals are not free to express themselves fully if they are using the expressions of others, but that tension is reconciled in the U.S. copyright laws by the fair use doctrine.47 The court agreed that “laws antithetical to the First Amendment will…be found to be ‘repugnant’ to public policy.”48
The Second Circuit then remanded the case to the district court to develop a record in order to determine whether there was an analog to the fair use doctrine in the French intellectual property code and whether it is sufficiently similar to the U.S. fair use formulation.49 The court found that if a similar free speech safeguard existed in the French code then the judgment would be enforced, otherwise the foreign judgment would be regarded as contrary to the First Amendment and therefore void.50
In a similar case, Matusevitch v. Telnikoff, the District Court for the District of Columbia refused to recognize a British judgment on the grounds that British libel laws were contrary to the public policy of the state of Maryland and the First Amendment. When discussing the Matusevitch decision at a later date, the District of Columbia Circuit Court of Appeals highlighted the fact that both the substantive law and burden of proof in British defamation law were substantially different from their American analogs, and those differences were “rooted in historic and public policy differences concerning freedom of the press and speech.”51
In TermoRio S.A. E.S.P. v. Electranta S.P., the Court of Appeals for the District of Columbia Circuit explored the relationship between foreign arbitral awards and foreign money judgments.52 A contractor had obtained an arbitral award against a public utility in Colombia, but the award was set aside by the highest administrative court in Colombia. The contractor then tried try to enforce the award in the United States based upon the 1958 Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards. The court held that the Colombian arbitral award should not be enforced notwithstanding the 1958 convention because the public policy favoring arbitration was insufficient to be deemed repugnant to the fundamental notions of morality given that courts will typically respect the decisions of foreign courts.
Other cases indicate that on occasion a conflict of law issue will be presented where there is a choice of either applying a state’s own version of the UFCMJR, another state’s version, or the Federal standard enunciated in Tahan. A court sitting under diversity jurisdiction often will not concern itself with this choice because the standards are all essentially equivalent and produce the same outcome.
However, in McCord v. Jet Spray International Corp., a Massachusetts district court was forced to make a ruling on the choice of law issue because the Massachusetts statute had an additional reciprocity requirement not found in the UFCMJR.53 The judge decided that under the Erie doctrine, a court sitting in diversity should apply the state statute governing foreign money judgments in spite of concerns regarding U.S. foreign relations.54 Applying the reciprocity requirement of the Massachusetts state statute, the judge found that the country at issue (Belgium) would recognize a U.S. judgment, thereby satisfying the reciprocity requirement.55
In Jaffe v. Accredited Surety & Casualty, the Court of Appeals for the Fourth Circuit dealt with the public policy exception with respect to Virginia’s version of the UFCMJR as a matter of first impression.56
The plaintiff in this case, Sidney Jaffe, jumped bail in Florida on criminal charges and fled to Canada where bail bondsmen hunted him down.57 He brought an action in Canadian court claiming that the defendants had kidnapped him and illegally transported him to Florida for trial.58 Jaffe won a default judgment in the Canadian proceeding and recognition of that default judgment in the state of Virginia was the issue before the Fourth Circuit.59
After analyzing relevant, but inconsistent Virginia state precedents,60 the Fourth Circuit certified to the Virginia Supreme Court the question of whether Mr. Jaffe’s claim was contrary to general Virginia precedent refusing to allow fugitives to profit from their own wrongdoing. The issue that the Fourth Circuit framed was:
Is the claim for relief that forms the basis for the Canadian default judgment in favor of Sidney Jaffe and against [defendants] repugnant to the public policy of Virginia, such that the judgment need not be recognized pursuant to the Foreign Country Money-Judgments Recognition Act.61

Based on the Fourth Circuit decision, it as least arguable that a foreign money judgment will not be recognized where the party has “unclean hands” regarding the underlying cause of action.
Another case, Clarkson Co. v. Shaheen stands for the proposition that the money judgments of foreign nations with legal systems similar to the United States will almost certainly be recognized by American courts.62 In the Clarkson case, the Second Circuit had to determine whether a Canadian bankruptcy judgment could be collaterally attacked in an American court where plaintiffs claimed that the Canadian proceeding contravened the public policy of New York favoring forum selection clauses and disfavoring contractual assignments for the purpose of litigation.63 In rejecting these arguments the court stated, “[t]hese exceptions [i.e., public policy] are construed especially narrowly when the alien jurisdiction is, like Canada, a sister common law jurisdiction with procedures akin to our own.”64
In conclusion, it seems unlikely that an American court would refuse to recognize and enforce a foreign court’s award of a money judgment. Only where a judgment is repugnant to the general sense of a state’s morals and policy will an American court refuse to recognize the foreign judgment. This generally means that only where a judgment “tends clearly to undermine the public interest, the public confidence in the administration of the law, or security for individual rights of personal liberty or of private property” will an American court refuse to recognize it.65 The most successful applications of the public policy defense to enforcement arise where a foreign cause of action threatens to limit American constitutionally-protected rights, or fails to account for safeguards found in American statutes. Procedural variances between American and foreign courts will rarely be sufficient to invalidate a judgment on public policy.
See 9 U.S.C. § 201 (“The Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards of June 10, 1958, shall be enforced in United States courts in accordance with this chapter.”); 9 U.S.C. § 207 (“The court shall confirm the award unless it finds one of the grounds for refusal or deferral of recognition or enforcement of the award specified in the said Convention.”); Scherk v. Alberto-Culver Co., 417 U.S. 506, 516-17 (1974).
See generally Convention on the Recognition and Enforcement of Foreign Arbitral Awards (1958), Article V; 9 U.S.C. § 207.
See id. Article V(2)(b) (“The recognition or enforcement of the award would be contrary to
the public policy of that country.”); Mitsubishi Motors Corp v. Soler-Chrysler-Plymouth, Inc., 473 U.S. 614, 638 (1985).
Karen Maritime Ltd v. Omar Int’l Inc., 322 F. Supp. 2d 224, 226 (E.D.N.Y. 2004) quoting Banco de Seguros del Estado v. Mutual Marine Office, Inc., 344 F.3d 255, 264 (2nd Cir. 2003) and Europcar Italia, S.p.A. v. Maiellano Tours, Inc., 156 F.3d 310, 315 (2nd Cir. 1998).
See id. at 227 (“Respondent Omar therefore encourages this Court . . . to be the first court in this jurisdiction, and possibly any American jurisdiction, to refuse to confirm a foreign arbitral award on the basis of Article V(2)(b) of the Convention.”).
Europcar Italia, 156 F.3d at 315.
Waterside Ocean Navigation Co. v. Int’l Navigation Ltd., 737 F.2d 150, 152 (2nd Cir. 1984).
Parson & Whittemore Overseas Co. v. Societe Generale de L’Industrie du Papier, 508 F.2d 969, 973-74 (2nd Cir. 1974).
MGM Prods. Group v. Aeroflot Russian Airlines, 91 Fed. Appx. 716, 718 (2nd Cir. 2004).
Int’l Standard Elec. Corp. v. Hart Enters. Int’l, Inc., v. Bridas Sociedad Anonima Petrolera, 745 F. Supp. 172, 181 (S.D.N.Y. 1990).
Ukrvneshprom State Foreign Econ. Enters. v. Tradeway, Inc., 1996 WL 107285, at *6 (S.D.N.Y. Mar. 12, 1996).
Belship Navigation, Inc. v. Sealift, Inc., 1995 WL 447656, at *6 (S.D.N.Y. July 28, 1995).
Matter of Avraham, Shigur Express, Ltd., 1991 WL 177633, at *3 (S.D.N.Y. Sept. 4, 1991).
Jamaica Commodity Trading Co. v. Connell Rive & Sugar Co., 1991 WL 123962, at *5 (S.D.N.Y. July 3, 1991).
A. Halcoussis shipping Ltd. v. Golden Eagle Liberia Ltd., 1989 WL 115941, at *5 (S.D.N.Y. Sept. 27, 1989).
American Constr. Mach. & Equip. Corp. v. Mechanised Constr. Of Pakistan Ltd., 659 F. Supp. 426, 429 (S.D.N.Y. 1987).
Brandeis Intsel Ltd. v. Calabrian Chems. Corp., 656 F. Supp. 160, 169 (S.D.N.Y. 1987).
Konkar Indomitable Corp. v. Fritzen Schiffsagentur und Bereederungs GmbH, 1981 U.S. Dist. LEXIS 9637, at *8-9 (S.D.N.Y. May 1, 1981).
573 F.3d 1113 (11th 2009).
Id. at 1124.
515 U.S. 528, 540 (1995).
Thomas, 573 F.3d at 1123-24.
See 9 U.S.C. § 9 (“[A]t any time within one year after the award is made any party to the arbitration may apply to the court so specified for an order confirming the award, and thereupon the court must grant such an order unless the award is vacated, modified, or corrected . . .”); Newsday, Inc. v. Long Island Typographical Union, No. 915, CWA, AFL-CIO, 915 F.2d 840, 844 (2nd Cir. 1990) (“[C]ourts have a limited role when asked to review the decision of an arbitrator . . . Courts are not authorized to reconsider the merits of an award . . . Nevertheless, a court may refuse to enforce an arbitrator’s award . . . if the award is contrary to public policy.”) citing United Paperworkers Int’l Union v. Misco, Inc., 484 U.S. 29, 36 (1987).
Newsday, Inc., 915 F.2d at 844 quoting United Paperworkers Int’l Union, 484 U.S. at 43; see also DiRussa v. Dean Witter Reynolds, Inc., 121 F.3d 818, 824-25 (1997) (“The party seeking to prevent enforcement of the award must ‘clearly show’ a violation of public policy”) quoting United Paperworkers Int’l Union, 484 U.S. at 43.
915 F.2d at 845.
Id.
121 F.3d at 824 citing Iowa Elec. Light & Power Co. v. Local Union 204, 834 F.2d 1424, 1425, 1428 (8th Cir.1987).
Id.
See Victrix Steamship Company, S.A. v. Salen Dry Cargo A.B., 825 F.2d 709, 713 (2nd Cir. 1987).
Hilton v. Guyot, 159 U.S. 113, 202-03 (1895).
UFCMJR § 4(b)(3); see e.g., Fl. Stat. Ann. § 55.604 (“Recognition and Enforcement”) (2005).
Restatement (Second) of Conflict of Laws § 98 (“Recognition of Foreign Nation Judgments), cmt. g (“Defenses”); see also Restatement (Second) of Conflict of Laws § 117 (“Original Claim Contrary to Public Policy of State Where Enforcement Is Sought”), cmt. c (“Foreign Nation Judgments”).
See e.g., Matusevitch v. Telnikoff, 877 F. Supp. 1, 2 (D.D.C. 1995) (holding British law unenforceable on public policy grounds because British libel standards ran contrary to the libel laws of the state of Maryland and the U.S. Constitution).
Id.
See e.g., Ackermann v. Levine, 788 F.2d 830, 842 (2nd Cir. 1986) (“A judgment is unenforceable as against public policy to the extent that it is repugnant to fundamental notions of what is decent and just . . . The standard is high, and infrequently met.”).
Id.
489 F.3d 474.
Id. at 476.
Id.
Id. at 478 quoting N.Y.C.P.L.R § 5304(b) (emphasis in original).
Id. at 479.
Id.
Id. at 479 quoting Sung Hwan Co. v Rite Aid Corp., 850 N.E.2d 647 (N.Y. 2006).
Id. quoting Pariente v. Scott Meredith Literary Agency, Inc., 771 F. Supp. 609, 616 (S.D.N.Y. 1991). But see Maersk, Inc. v. Neewra, Inc., No. 05 Civ. 4356(CM), at *10-14 (S.D.N.Y. July 9, 2010) (holding Kuwaiti judgments unenforceable for numerous procedural deficiencies including no discovery, no testimony under oath, no jury, and factual findings were made by a “legal expert” and not a judge).
Sarl Louis Feraud International, 489 F.3d at 480.
Id.
Id.
Id. citing Yahoo!, Inc. v. La Ligue Contre Le Racisme et L’Antisemitisme, 169 F.Supp.2d 1181, 1189-90 (N.D. Cal. 2001) (holding French judgment unenforceable under law prohibiting Nazi propaganda as violating First Amendment policy).
Sarl Louis Feraud International, 489 F.3d at 483.
Id. at 484.
Society of Lloyd’s v. Siemon-Netto, 457 F.3d 94, 102 (D.C. Cir. 2006) quoting Telnikoff v. Matusevitch, 702 A.2d 230, 248 (Md. 1997)
487 F.3d 928 (D.C. Cir. 2007).
874 F.Supp. 436 (D. Mass. 1994). A reciprocity requirement mandates that only the judgments of foreign states who would recognize a U.S. judgment will be recognized.
Id. at 438.
Id. at 439.
294 F.3d 584 (4th Cir. 2002) quoting Va. Code Ann. § 8.01-465.10(B)(3)(same as UFCMJR).
Id. at 587.
Id.
Id.
Id. at 594 (stating that “the Supreme Court of Virginia has denied relief when ‘the very illegal act to which the plaintiff consented and in which she participated produced the injuries and damages of which she complains” but “Virginia’s highest court has held that this principle does not bar recovery if the plaintiff’s unlawful act is not the direct cause of his injuries) comparing Zysk v. Zysk, 404 S.E.2d 721, 722 (Va. 1990), with Godbolt v. Brawley, 463 S.E.2d 657, 659-60 (Va. 1995).
Jaffe v. Accredited Surety & Casualty Co., 294 F.3d at 597.
544 F.2d 624 (2nd Cir. 1976).
Id. at 626-27.
Id. at 629-30.
Ackermann v. Levine, 788 F.2d at 841.

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